Desde una dimensión estrictamente universal, abstracta y con una fuerza jurídica global
Dr. Crisanto Gregorio León
nas. Es allí cuando el abogado, cansado del ultraje, interroga directamente al secretario o secretaria que recibe la dádiva: «¿Y el juez sabe que usted me está pidiendo y recibiendo esto?», obteniendo por respuesta un desvergonzado: «Claro que sí, el juez está enterado de todo». Esta tácita confesión de complicidad sepulta de inmediato la falaz defensa del superior que pretenda alegar ignorancia. Los registros digitales resguardados demuestran cómo el juez o la jueza, el fiscal o la fiscal, y el secretario o la secretaria exigen dádivas electrónicas asiduamente, operando en pleno y absoluto conocimiento de la recaudación delictiva. Con su avaricia, descaro y desenfreno han vendido sus almas a las tinieblas, actuando con un ateísmo práctico donde no existe temor a Dios. Se han comprado un boleto sin retorno hacia su propia condenación infernal; un destino de pánico y castigo eterno donde el fuego devorará el dinero ensangrentado que hoy atesoran.
Ante la mínima crítica universal, opera en ellos el célebre aforismo jurídico de la excusatio non petita, accusatio manifesta: el que se excusa sin habérselo pedido, declara que es culpable. Son exactamente como el ladrón que, al ver una patrulla a lo lejos, devuelve apurado la gallina robada al corral y ante la simple solicitud de sus documentos grita tembloroso: «¿Cuál gallina?». No obstante conocer a la perfección este aforismo, estos funcionarios se encuentran tan profundamente inquietos al saberse descubiertos y con las pruebas en su contra, que les importa un bledo declararse culpables con sus propias acciones. Sabiéndose culpables pero aferrados a la impunidad de su perversa y desquiciada tarea, estos zumbados pretenden usar el terror para asustar y causar temor en quienes los denuncian. Mueven su maquinaria de maldad con la absurda pretensión de silenciar toda boca, todo escrito y toda difusión, intentando amordazar a la prensa escrita o digital, ignorando que sus bárbaras corrupciones procesales ya constituyen un asunto de dominio público, notorio y comunicacional.
Esta radiografía del horror no es un ataque casuístico, sino el ejercicio legítimo del derecho universal a la contraloría social consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Además, conforme a la doctrina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de los organismos internacionales, los jueces, juezas y fiscales son precisamente los funcionarios públicos más expuestos al escrutinio y la crítica abierta de la sociedad, debido a la trascendencia e impacto de sus cargos. Desde la semiología estructural de Saussure, la relación entre el significante institucional y el significado real de la justicia ha sufrido una ruptura total: el tribunal hoy connota delincuencia. Al final, la opulencia de estos burócratas es tan efímera como su paso por la tierra, dejando tras de sí únicamente el tufo imborrable de la infamia y la fetidez y el hedor nauseabundo de quien ya se está quemando en las llamas eternas del infierno.
«La crítica al magistrado corrompido no es una afrenta a la ley, sino el deber supremo de rescatar la dignidad del derecho frente a sus propios verdugos.» — Pensamiento de cierre.
Dr. Crisanto Gregorio León
Profesor universitario y broadcaster
