La anatomía de un proceso penal desfigurado: cuando la prueba se fabrica, las garantías se pisotean y la toga se convierte en cómplice del atropello
Dr. Crisanto Gregorio León
«El proceso penal no es, desgraciadamente, otra cosa que una escuela de incivilidad».
— Francesco Carnelutti, Las miserias del proceso penal.
Hay una justicia que se viste de toga, pronuncia solemnemente el nombre de la República y exhibe los códigos como si su sola presencia bastara para acreditar rectitud; sin embargo, cuando llega el momento de respetar sus disposiciones, parece padecer una amnesia jurídica selectiva. En ese escenario aparece María Narcisa Bob Evans, jueza de nuestra construcción satírica, acompañada por su inseparable contraparte arquetípica, la fiscal Abuela Adams.
Ambas representan esa deformación del sistema en la que las garantías procesales dejan de ser límites infranqueables para convertirse en obstáculos que se apartan cuando incomodan determinada pretensión. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y las leyes que amparan al justiciable parecen adquirir la condición de instrumentos desechables.
La Constitución no es un menú del cual el funcionario selecciona las disposiciones que le agradan y descarta aquellas que protegen al procesado. El artículo 19 del COPP encomienda a los jueces velar por la incolumidad constitucional; el artículo 8 consagra la presunción de inocencia y el artículo 12 reconoce el carácter inviolable de la defensa. No son recomendaciones para decorar sentencias: son mandatos que obligan. La toga no concede licencia para desconocerlos ni el poder de decidir autoriza a sustituir el derecho por la voluntad particular.
Comencemos por el juramento, esa solemnidad que debería representar un compromiso con la verdad y no una formalidad susceptible de manipulación. En la tragicomedia de Bob Evans, comparecen órganos de prueba que, después de haber declarado bajo juramento, desconocen sus propias actuaciones, niegan firmas o se retractan de manifestaciones anteriores. Entonces surge una escena que merece especial atención: la autoridad judicial pretende resolver la contradicción mediante un nuevo juramento, como si la repetición de la fórmula sacramental pudiera borrar lo sucedido anteriormente. ¿Qué valor tiene un juramento cuando el declarante desconoce el que acaba de prestar? ¿Puede una nueva promesa de decir verdad convertir automáticamente en inexistente la declaración precedente?
La contradicción testimonial exige esclarecimiento, confrontación y valoración racional, no una ceremonia de borrón y cuenta nueva. El órgano jurisdiccional debe examinar las circunstancias, dejar constancia de lo acontecido y determinar las consecuencias jurídicas que correspondan, sin inducir respuestas ni reemplazar el examen crítico por una escenificación. Si una persona falta deliberadamente a la verdad, la eventual responsabilidad debe establecerse conforme a derecho; si se retracta, también debe investigarse por qué. La verdad procesal no se obtiene multiplicando juramentos, sino examinando la credibilidad de quien declara y la correspondencia de sus palabras con los demás elementos de convicción.
Después aparecen las experticias forenses, territorio donde la ciencia debe hablar con precisión y donde la improvisación no puede usurpar el lugar del conocimiento especializado. Imaginemos informes que no permiten reconstruir adecuadamente la secuencia temporal de las operaciones, que omiten registros horarios relevantes, que exhiben firmas cuya autenticidad no está aclarada o que atribuyen la realización de determinados análisis a profesionales cuya formación no corresponde a la especialidad requerida.
Una experticia no adquiere credibilidad por estar impresa, sellada y agregada a un expediente. Importa saber quién la practicó, qué preparación posee, qué metodología empleó, cuáles materiales examinó, qué instrumentos utilizó y cómo llegó a sus conclusiones. No es lo mismo un informe elaborado por un especialista competente que otro suscrito por alguien cuya cualificación no guarda correspondencia con el objeto técnico examinado.
Tampoco puede confundirse la firma estampada en un documento con la demostración de su autenticidad. La identificación del experto, su designación, la trazabilidad de su intervención y la posibilidad de reproducir o contrastar sus operaciones constituyen aspectos esenciales del control probatorio. Una jueza que acepta conclusiones científicas sin examinar esas condiciones convierte el conocimiento técnico en un acto de fe. Y el proceso penal no está concebido para que el ciudadano sea condenado por creerle a un informe lo que el informe no demuestra.
La criminalística tampoco se practica mediante relatos imaginarios ni reconstrucciones que carezcan de respaldo verificable. Cuando la naturaleza de una diligencia exige fijación fotográfica, referencias métricas, testigos instrumentales u otros recursos técnicos, su ausencia puede comprometer la posibilidad de reconstruir y controlar lo sucedido. No basta afirmar que se inspeccionó un lugar: es necesario establecer qué se observó, cómo se documentó, qué se colectó y quién intervino. La fotografía criminalística permite conservar una representación del escenario; las referencias métricas contribuyen a establecer dimensiones y distancias; los registros instrumentales permiten identificar las condiciones de determinadas operaciones.
La evidencia que no puede ser examinada, contrastada o sometida a control técnico plantea un problema de confiabilidad que ningún sello judicial resuelve por decreto. Si además se incorporan firmas atribuidas a funcionarios que las desconocen, corresponde verificar su autenticidad mediante los mecanismos periciales pertinentes. La jueza no puede sustituir esa comprobación por una afirmación de autoridad ni convertir la presunción de autenticidad documental en una autorización para ignorar contradicciones. La prueba debe acreditar lo que afirma y no descansar en la obediencia que inspira el despacho que la recibe.
En el universo de la informática forense, la situación adquiere todavía mayor precisión. Una geolocalización no se demuestra mediante una simple afirmación escrita en un informe; requiere conocer su fuente, el dispositivo involucrado, los registros disponibles, el procedimiento de extracción, las condiciones de análisis y las limitaciones técnicas de la información obtenida. Si se atribuye una ubicación a un teléfono sin que exista respaldo verificable de los datos utilizados, la conclusión necesita ser cuestionada. Si se examina un dispositivo de almacenamiento, la integridad de la evidencia digital exige procedimientos que permitan determinar si los datos permanecen inalterados.
Allí aparece el código hash, una huella digital calculada mediante funciones criptográficas que permite contrastar la integridad de determinados archivos o soportes. Su ausencia, cuando el procedimiento técnico aplicable lo exige o resulta necesario para acreditar la integridad, no debe ser despachada con indiferencia. No se puede atribuir autenticidad a una evidencia digital cuya procedencia, integridad y tratamiento no pueden verificarse.
El Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas establece procedimientos de obtención, fijación, colección, embalaje, identificación, traslado, preservación y análisis. Cada etapa tiene una razón: impedir que la evidencia sea sustituida, alterada, contaminada o confundida. La informática forense no funciona con intuiciones, y una coordenada geográfica no se convierte en verdad judicial por aparecer en una pantalla.
La cadena de custodia constituye otro de los puntos donde la justicia de Bob Evans parece perder la memoria. El Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas no es una publicación ornamental destinada a ocupar espacio en las oficinas policiales; establece procedimientos para preservar la identidad e integridad de los elementos materiales desde su obtención hasta su disposición judicial. Cada funcionario que recibe, manipula, traslada, analiza o entrega una evidencia debe quedar identificado conforme al procedimiento aplicable. ¿Cómo se puede confiar en un objeto cuya trayectoria no está suficientemente documentada? ¿Cómo se descarta una alteración si no se conocen las condiciones de su preservación? ¿Cómo se atribuye una conclusión pericial a una muestra cuya procedencia presenta vacíos?
La cadena de custodia no es una formalidad administrativa: es una garantía de autenticidad y confiabilidad. Cuando sus exigencias se desconocen, el problema no desaparece porque el expediente avance ni porque la fiscalía solicite incorporar el elemento. El juzgador tiene el deber de examinar las objeciones, determinar su relevancia y establecer si la evidencia conserva aptitud probatoria. La justicia no puede aceptar que la ausencia de controles se convierta en una ventaja para quien presenta el elemento cuestionado. Tampoco puede permitir que la defensa sea obligada a demostrar la autenticidad de aquello cuya preservación correspondía garantizar a los órganos de investigación.
Y cuando la prueba nace contaminada, aparece la doctrina de los frutos del árbol envenenado, conocida en la tradición jurídica anglosajona como fruit of the poisonous tree. Su sentido esencial consiste en impedir que el Estado obtenga provecho probatorio de actuaciones ilícitas y de aquellos elementos derivados que mantengan el vínculo jurídicamente relevante con la infracción originaria, sin perjuicio del examen de las excepciones y circunstancias reconocidas por el derecho aplicable. La exclusión de la prueba ilícita no es un capricho de la defensa ni una concesión de benevolencia del tribunal: responde a la necesidad de impedir que el procedimiento penal legitime aquello que el ordenamiento prohíbe.
Si una evidencia se obtiene vulnerando derechos fundamentales, si una actuación carece de los presupuestos legales exigibles o si se construye una secuencia probatoria a partir de una fuente contaminada, corresponde examinar su admisibilidad y sus consecuencias. El fraude procesal no se sanea por el simple hecho de incorporarlo al expediente, ni una irregularidad se transforma en legalidad porque la jueza decida pasarla por alto. La fiscal Abuela Adams, en esta representación literaria, parece olvidar que su misión no consiste en conseguir una condena a cualquier precio, sino en ejercer la acción penal dentro de los límites constitucionales. La acusación no puede fabricar la verdad, y el tribunal no puede conferirle legitimidad a lo que carece de fundamento jurídico.
Pero la degradación de las garantías no termina en la manipulación o deficiente preservación de los elementos probatorios. También se manifiesta cuando se invierte la relación entre libertad y prisión preventiva. El artículo 44, numeral 1, de la Constitución establece que la libertad personal es inviolable y dispone que la persona será juzgada en libertad, salvo las excepciones determinadas por la ley y apreciadas judicialmente en cada caso.
El artículo 9 del COPP desarrolla el principio de afirmación de libertad y establece el carácter excepcional de las medidas preventivas restrictivas de derechos. Esto significa que la privación cautelar de libertad no puede transformarse en una pena anticipada ni utilizarse como mecanismo de presión sobre quien todavía goza de presunción de inocencia. La regla constitucional es el juzgamiento en libertad; la privación preventiva constituye una excepción sometida a presupuestos legales y motivación judicial.
También deben respetarse el principio in dubio pro reo, el trato digno y la presunción de inocencia. La duda razonable no se resuelve contra el procesado por conveniencia del despacho, y la ausencia de elementos de convicción suficientes no puede suplirse mediante conjeturas. La prisión no demuestra culpabilidad, así como la acusación no constituye una sentencia. Quien confunde esas categorías transforma el proceso en castigo anticipado y olvida que la libertad no es una recompensa que concede el juez a quien le resulta simpático, sino un derecho protegido por la Constitución.
La flagrancia merece un capítulo aparte porque su utilización indebida puede abrir la puerta a privaciones de libertad que no satisfacen los presupuestos constitucionales y legales. No todo señalamiento equivale a flagrancia, no toda sospecha representa persecución inmediata y no cualquier circunstancia permite extender indefinidamente el concepto para justificar una aprehensión.
El artículo 233 del COPP exige interpretación restrictiva de las disposiciones que definen la flagrancia y restringen la libertad; el artículo 234 establece los supuestos que permiten reconocerla. A ello se suma el artículo 44, numeral 1, constitucional, que exige los presupuestos correspondientes para la detención. Resulta especialmente significativo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su Sentencia n.º 1023 del 7 de octubre de 2026, examine precisamente los peligros de ampliar indebidamente el concepto de flagrancia y la afectación de garantías fundamentales. El pronunciamiento llama a los operadores de justicia a no extender esa figura a situaciones en las cuales no resulta aplicable. La doctrina judicial no autoriza a convertir cualquier sospecha en una situación de flagrancia ni a prescindir de los requisitos legales.
La flagrancia debe acreditarse mediante circunstancias concretas y verificables, no fabricarse mediante interpretaciones acomodaticias. La jueza que acepta una detención sin examinar sus presupuestos abandona su función de garante y convierte una excepción constitucional en una puerta abierta para la arbitrariedad. La ley no permite que la inmediatez sea inventada, que la persecución sea imaginaria ni que la evidencia de vinculación sea sustituida por una narración conveniente.
Llegados a este punto, la imagen de María Narcisa Bob Evans utilizando la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal como papel higiénico deja de ser una simple extravagancia gráfica para convertirse en una metáfora de la inversión absoluta de los valores jurídicos. En una mano sostiene el texto constitucional; en la otra, el instrumento que regula el proceso penal, mientras la fiscal Abuela Adams parece completar el cuadro de una justicia que olvida la diferencia entre investigar y fabricar, entre acusar y demostrar, entre juzgar y castigar anticipadamente.
La escena es deliberadamente grotesca porque grotesca es la representación de un sistema donde las garantías se invocan en los discursos y se desconocen en las actuaciones. No se trata de exigir impunidad ni de impedir la persecución legítima de los delitos; se trata de exigir que la investigación respete las reglas, que la prueba sea auténtica, que las experticias sean confiables, que la libertad no sea sacrificada por conveniencia y que los jueces ejerzan el control que la Constitución les encomienda. El cargo no santifica la conducta, la toga no purifica los actos y el expediente no convierte una falsedad en verdad.
Cuando la justicia pierde el respeto por las leyes que debe custodiar, el ciudadano queda expuesto a una de las formas más peligrosas de indefensión: aquella que se ejecuta en nombre de la propia justicia. Por eso, la República no necesita funcionarios que se crean por encima de sus códigos; necesita servidores que comprendan que también están sometidos a ellos.
Disclaimer
A los efectos de la presente entrega periodística, los personajes de la jueza «María Narcisa Bob Evans» y la fiscal «Abuela Adams» constituyen recursos literarios, satíricos y de ficción, concebidos estrictamente como arquetipos para el ejercicio de la contraloría social, la crítica de la cosa pública y la investigación de los sistemas de justicia. Las situaciones descritas conforman escenarios de crítica institucional y jurídica mediante los cuales se examinan posibles desviaciones, irregularidades y vulneraciones de garantías en el funcionamiento de la administración de justicia.
Este contenido se ampara en el derecho fundamental a la libertad de expresión y de opinión consagrado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en los estándares de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección al discurso disidente, de interés público y de fiscalización ciudadana contra la arbitrariedad.
En función de la doctrina del interés público, los funcionarios públicos y los operadores del sistema de administración de justicia están sujetos a un escrutinio ciudadano mucho más riguroso que los ciudadanos comunes; en consecuencia, la crítica a sus actuaciones, métodos procesales y apego a la Constitución forma parte esencial del debate democrático.
Cualquier asimilación con la realidad o coincidencia con funcionarios de carne y hueso responde al principio universal de que quien se excusa sin habérsele pedido, la culpa se adjudica (excusatio non petita, accusatio manifesta).
«Cuando lleguemos a decir sinceramente: yo soy como este, entonces seremos verdaderamente dignos de civilidad».
— Francesco Carnelutti, Las miserias del proceso penal.
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario y Broadcaster
crisantogleon@gmail.com
