Dr. Crisanto Gregorio León
«La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho». — Ulpiano
Es imperativo resaltar la ironía de un sistema que agrede para defenderse. Resulta inaudito que, incluso cuando los artículos de prensa se redactan bajo los estándares de la UNESCO y los principios de libertad de expresión de la ONU, omitiendo nombres propios para centrarse en el análisis sistémico, ciertos jueces y fiscales se sientan aludidos automáticamente. Esta «incontinencia verbal» de agresión indecente hacia los abogados no es solo una falta de ética; es una violación directa a la jurisprudencia de la Corte IDH y al ejercicio de la contraloría social. Que un funcionario reaccione con improperios ante una crítica general sin destinatario específico es un acto de autoincriminación: atacan porque se reconocen en el fango descrito, transformando el estrado en un escenario de amedrentamiento para silenciar la denuncia.
Es fundamental aclarar que este análisis no parte de una invención personal ni de suposiciones infundadas. Todo lo expuesto en estas líneas es el fiel reflejo de lo reseñado por la prensa escrita, radio, televisión y redes sociales en los últimos años. Lo que aquí se describe está ampliamente registrado en línea y es de dominio público; basta con revisar las hemerotecas digitales para constatar las intervenciones oficiales que han sacudido al estado Zulia. No estamos ante rumores, sino ante una realidad documentada por medios de comunicación nacionales e internacionales que han servido de altavoz a una crisis institucional que ya no se puede ocultar.
En los últimos años, el Zulia ha sido el epicentro de intervenciones judiciales donde lo que ocurre en el Palacio de Justicia de Maracaibo no son hechos aislados. El patrón documentado de irregularidades ha llevado a la remoción masiva de jueces y detención de fiscales en pleno ejercicio. Las intervenciones de la Inspectoría General de Tribunales confirman que el sistema ha sido permeado por redes que convirtieron el derecho en una mercancía, siendo la extorsión procesal y el cobro de cuotas en divisas las causas principales de estas aprehensiones registradas oficialmente por el Ministerio Público.
La gravedad reside, entre otras circunstancias, en la normalización de vicios como el retardo procesal intencional, utilizado como herramienta de presión económica. La retención de boletas de excarcelación es un secreto a voces que ha obligado a la instalación de comisiones de «Revolución Judicial» para destrabar causas paralizadas injustamente. El ataque al abogado litigante busca erradicar la contraloría social para blindar un ecosistema de impunidad. Sin embargo, la justicia no se imparte con soberbia, sino con transparencia, y el derecho internacional a la denuncia es inalienable para quienes ejercemos la abogacía con ética.
Aunque aquí no detallo la cantidad de criminalidad perseguida por las comisiones de la Revolución Judicial, estos ataques a la libertad de prensa y de opinión evidencian la inyección de temor para amedrentar y lograr un silencio por miedo.
«Cuando la justicia se convierte en una mercancía, la libertad de los ciudadanos deja de existir». — Juan Germán Roscio
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario
crisantogleon@gmail.com
