El doctor Aníbal Gómez, penalista y especializado en criminología, exfiscal del Ministerio Público en Delta Amacuro y hoy abogado litigante fue entrevistado sobre algunos temas que afecta a la entidad deltana y consultado sobre las migraciones.
Gómez señaló que el fenómeno migratorio es un problema no solo del estado Delta Amacuro, de Venezuela y del mundo entero ya que es un tema global, la migración. Mencionó que hay más de 7 millones de venezolanos migrando hacia diferentes espacios y en el caso del Delta se ha convertido en un puente para migrantes, donde a veces preocupa el accionar del Estado pero también hay cosas positivas.
Unas de las propuestas es que el Estado adopte las disposiciones internacionales que versan sobre la materia, tal es el caso de un tratado reciente sobre Migración del año 2018 que fue aprobada por 150 países, ante la Organización de Naciones Unidas y Venezuela se comprometió a crear una migración segura ordenada, en el caso de Venezuela desde el año 2004 cuenta con una Ley de Extranjería.
El doctor Aníbal Gómez ha prestado apoyo a personas migrantes en Delta Amacuro y una de sus propuestas es crear espacios para los migrantes como los que hay entre Colombia y Panamá, un campamento internacional donde se les brinde una orientación mínima, unos primeros auxilios.
Le hizo un llamado a las autoridades locales y al Estado venezolano y como Delta Amacuro enfrenta situaciones con migrantes, se diseñe unas políticas públicas capaces de brindar a fin de crear un enlace en la materia.
Comentó que anteriormente y en la actualidad se ven vehículos de Unicef, de Médicos Sin Fronteras, de Acnur, del Programa Mundial de Alimentos y eso se ve de forma positiva. La población vería con muy buenos ojos que se creen estos espacios donde se les pueda brindar un mínimo acopio a estas personas, garantizándoles los derechos humanos a estas personas y sus derechos como inmigrantes, derechos que no se pierden y deben ser tratados con apego a los principios internacionales.
«En ocasiones los inmigrantes sufren una doble victimización al caer en manos de un cuerpo de seguridad y este no asume el comportamiento legal que debe asumir», dijo el especialista.
Contó Gómez que en su paso por el Ministerio Público participó en formación con cuerpos de seguridad para brindarles información donde se les enseñaba que estas personas debían ser tratadas, preservándoles sus derechos y bajo ningún concepto pueden estar privadas de libertad.
“Un ciudadano que ingresa de manera ilegal a territorio venezolano, debe ser tratado bajo la Ley de Extranjería del año 2004, donde hay un procedimiento administrativo, tendente a canalizar a través del Saime, quien lo traslada hasta Caracas, esto desde el punto de vista administrativo”, acotó.
El llamado que hace el Ministerio Público es que estas personas no reciban ningún trato cruel, inhumano y que no sean privados de su libertad.
“El mundo entero atraviesa por una situación económica álgida, las economías del mundo por la caída de los precios del petróleo, las consecuencias por el Covid-19, no escapan de esta realidad y así como gente sale de Venezuela, otros ingresan. Desde muchos países ven a Venezuela como una posibilidad de pasar hacia el Darién para llegar a los Estados Unidos”, enfatizó.
Mencionó la presencia no frecuente y actualmente se ven ciudadanos haitianos, nigerianos y de países árabes. Hasta paquistaníes que han sido sometidos a procesos penales a través de migración.
Acota que Migración en Delta Amacuro no cuenta con los recursos económicos necesarios para trasladar a los inmigrantes, tal es el caso de los haitianos que han permanecido en el Gimnasio Cubierto, que se les atendió con alimentación y salud, pero sería interesante que con la coordinación de ONG´s como Unicef, Acnur y Médicos Sin Fronteras que hacen vida en nuestro Delta y deberíamos sacar provecho para optimizar el trato hacia los inmigrantes con la garantía de los derechos humanos.
Aseguró que «este punto de vista no tiene nada que ver con política sino que se hace desde el punto de vista de los Derechos Humanos y desde la pedagogía como activista, repito como el campamento de la ONU en Panamá donde el presidente de ese país hace llamados a otros mandatarios de otros países a hacer acciones similares para coadyuvar en ese sentido para prestar servicios de primeros auxilios. Que tengan acceso a la electricidad para cargar sus teléfonos, y tenemos el ejemplo de Trinidad y Tobago donde ha habido una gran cantidad de tucupitenses detenidos. La idea no es perseguir al inmigrante sino brindarle las herramientas necesarias».
El doctor Gómez recordó que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de impartir justicia, pero también de investigar y de orientar al ciudadano.
Aseguró que ve con preocupación que algunos cuerpos de seguridad han criminalizado en la entidad el derecho al trabajo, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, tal es el caso de la señora Elita del Hotel San Cristóbal, caso cuestionado por activistas de Derechos Humanos y de especialistas en derecho procesal penal porque allí se evidencia una violación flagrante del derecho penal, como es el debido proceso legal y por qué? porque se incumplió una de las garantías para no ser juzgado, es el derecho que tiene la persona de ser juzgado por su juez natural.
«La denuncia se formuló en el estado Miranda y las personas fueron a proceso en el estado Delta Amacuro y tengo entendido que el último acto de resolución de ese delito se cometió en Delta Amacuro. El Código Orgánico Procesal Penal tiene los lineamientos de cuales son la determinación por la competencia en el territorio y el juez que tiene que juzgar a la señora Elita es el juez de Delta Amacuro porque la resolución del delito del último acto estamos de la presunción de un delito conexo como es la trata de personas tipificado en el Artículo 41 del COPP, se pudiera invitar a la familia a los amigos, seguramente se habrá apelado a la decisión del debido proceso tendente a ponerle coto a eso y en todo caso a la violación del principio de haber sido juzgada por su juez natural».
«No se puede hacer leña del árbol caído y animo a seguir creyendo en la justicia», dijo el abogado.
«El ordenamiento jurídico venezolano provee los recursos tanto a víctimas, forma parte de la administración de justicia. Lo correcto es que esas personas sean juzgadas en la circunscripción judicial del estado Delta Amacuro», finalizó.