La lucha de los pueblos indígenas de Venezuela sigue manchada por el oro, desplazamiento forzado, contaminación y violencia gracias a la penetración avasallante de la minería en sus territorios.
De allí que la preocupación por la presencia de minería en territorios indígenas y la lucha de las comunidades sigue más vigente que nunca este 12 de octubre.
Al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Otra zona de importante riqueza natural es la de Ikabarú, ubicada en el Municipio Gran Sabana, entre los estados Bolívar y Amazonas, actualmente sus comunidades indígenas están invadidas por minas ilegales de oro.
La actualización del informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) dejó en evidencia nuevamente la situación de violencia reinante en el Arco Minero del Orinoco, reiterando que actores estatales y no estatales han cometido violaciones «contra la población local, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras. Entre ellos figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género».
En este escenario donde la violación de derechos civiles y humanos forman parte de la cotidianidad, los indígenas venezolanos han sido arrastrados hacia nuevos y más cruentos patrones de vulneración de sus derechos.
«Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro», indica el informe.
El asesinato de 4 indígenas yanomami en marzo de este año es un trágico reflejo de las tensiones, abusos y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas a raíz de la actividad minera instalada en sus territorios circunvecinos.
En el informe sobre violación de derechos humanos en comunidades indígenas de 2021, Kapé Kapé reseñó que la violencia minera se ha extendido en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
De acuerdo con el estudio, los Yekuana, Sanemá, Pemón, Wottuja, Piapoco, Jivi, Kariña y Warao son las más perjudicadas por la invasión de la minería ilegal en sus territorios.
En 2022 se ha recrudecido la lucha por los territorios de los pueblos indígenas.
El hecho más reciente fue el asesinato de Virgilio Trujillo Arana, quien era coordinador y uno de los fundadores de la guardia territorial indígena del pueblo uwottüja del municipio Autana de Amazonas.
La muerte de Virgilio ha repotenciado la lucha de las comunidades, organizaciones y líderes en contra de la minería y todos sus efectos negativos en la cultura, salud, economía y territorialidad de los pueblos indígenas, especialmente de los que viven en territorios con potencial minero.
En lo que va de año, al menos 8 indígenas han muerto en conflictos relacionados con la presencia de grupos armados en territorios indígenas.
PRENSA KAPÉ KAPÉ