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El Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, rechazó este lunes cualquier idea de intervención militar estadounidense en Venezuela a la luz del voto del presidente estadounidense Donald Trump de enviar una flota de buques de guerra a la región para frenar los presuntos envíos de drogas ilícitas por parte del gobierno venezolano.

El Comando Sur de la Marina de los EE. UU. duplicará su fuerza en el Caribe, frente a las costas de Venezuela.

El gobierno de los Estados Unidos ha presentado cargos de narcotráfico contra el presidente, Nicolás Maduro, y varios colegas, y le ha puesto una recompensa de US $ 15 millones. El presidente Trump alegó que Maduro estaba confabulado con el grupo rebelde de las FARC de Colombia para inundar a los Estados Unidos con cocaína durante la incertidumbre de la pandemia de covid19.

Maduro rechazó esta afirmación, diciendo que Trump estaba tratando de distraer a su población mientras el virus asola a los Estados Unidos.

El Dr. Rowley, quien recientemente se reunió aquí con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodriguez a pesar del cierre de la frontera de TT, dijo en la sesión informativa del lunes en el Centro Diplomático, St Ann’s que nada ha cambiado en la postura de TT sobre Venezuela.

Rowley expresó su preocupación de que en el mundo de hoy no es raro que tales reglas sean ignoradas en el caso venezolano y otros.

«Estamos hablando aquí de la no intervención y la ausencia de soluciones militares a los problemas políticos de esta manera.

“Entonces estas tensiones han llegado a nuestras fronteras. No tenemos los medios para evitar eso, así que simplemente tenemos que confiar en los principios de justicia internacional y la observancia internacional de las reglas que hemos acordado antes de que surjan estas dificultades ”.

Todo esto se produjo en medio de informes de escasez de gasolina en Venezuela y migrantes venezolanos que regresaron a sus hogares desde la cercana Colombia, donde perdieron sus trabajos en el encierro de covid19.

Estados Unidos ha ofrecido aliviar las sanciones impuestas por el supuesto fraude electoral por parte del régimen de Maduro, con la condición de que Maduro y el líder opositor Juan Guaido renuncien a favor de un gobierno interino, a la espera de nuevas elecciones.

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