Triibunales de la jurisdicción especial indígena, organizaciones y habitantes de 29 comunidades uwottujas y multiétnicas de la cuenca del río Cataniapo, reiteraron su posición en contra de la presencia de grupos de civiles armados en los territorios que ocupan ancestralmente.
Mediante la decisión # 2019-0001 del Tribunal Superior de Jurisdicción Especial Indígena Huottoja de Cataniapo «Marihue`ca Huini`cu Yubacu» del Tribunal de Jurisdicción Especial Indígena Huottuja Las Pavas y de la Organización Pueblo Unido Huottuja de la cuenca del río Cataniapo, reiteran su intención de «vivir en paz y no con grupos armados» en sus territorios y por lo cual se pronuncian en total desacuerdo con la consulta que «se está dando por parte del grupo irregular denominado FARC» para tener presencia en territorios de la cuenca del Cataniapo en donde se encuentran comunidades desde San Pedro y San Pablo hasta San Rafael de Manuare.
En el documento los indígenas manifiestan su total desacuerdo con que algunas comunidades pretendan involucrarse a trabajar con fuerzas irregulares en su territorio, así como la aceptación de éstos por parte de personas no indígenas que habitan en algunas de las comunidades.
Ratificaron que solamente las autoridades tradicionales y las organizaciones indígenas tienen la potestad de decidir sobre el territorio y que las autoridades de entes políticos como consejos comunales, Clap, comunas entre otros, no tienen derecho a aceptar o decidir si una fuerza irregular entra o permanece en el territorio indígena.
Esta decisión fue remitida al Circuito Judicial del estado Amazonas, Ministerio de los Pueblos Indígenas, Fiscalía Superior del estado Amazonas, Defensoría del Pueblo, ORPIA y a la oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, para ser tomada en consideración, y se le otorgue carácter vinculante para casos similares, además de darle cumplimiento como un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico venezolano y como sistema de justicia propia de los pueblos y comunidades indígenas en aplicación de sus usos y costumbres.
En un pronunciamiento público realizado en la emisora Raudal 92.9 de Fe y Alegría y que pertenece al Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el abogado indígena jivi Juan Alberto Díaz, señaló que cuando visitan las comunidades, los presuntos irregulares alegan tener un convenio con el gobierno nacional del cual no muestran ninguna constancia. Agregó que ofrecen ayudas a cambio de que les permitan estar en los territorios indígenas además de hacer una «limpieza» de delincuentes en las comunidades.
El abogado enfatizó que aun cuando los supuestos irregulares tengan algún convenio con el gobierno, como dicen, las comunidades no aceptan su presencia ya que violaría sus derechos, usos y costumbres.
Sobre este caso emitió un pronunciamiento público la Defensora Delegada del Pueblo del estado Amazonas, Maria Daniela Maldonado, quien exigió respeto a la decisión tomada por los indígenas y que toda persona extraña salga de sus territorios. Llamó la atención de los organismos competentes a atender la situación planteada.
PRENSA KAPE KAPÉ