Mientras Venezuela sigue envuelta en la crisis política, económica y social, en el sur de este país suramericano la minería ilegal y la extracción afanada del oro arrasa con todo lo que queda. Y lo hace bajo la égida del Arco Minero del Orinoco. Ha contaminado las cuencas de los ríos que atraviesan los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro; colocó la tasa de crecimiento de deforestación en el medidor más alto de Latinoamérica. También amenaza con encender un conflicto socio-ambiental en la región, que puede trascender las fronteras.
La minería ha corrompido la agricultura, el agua potable y la hidroelectricidad que se nutren de las cuencas que dan vida a poblaciones enteras de indígenas del sur. Y lo hace por dos vertientes: la altísima cantidad de sedimentos y también por el mercurio. El afán por el oro contamina casi toda la región, vulnerando también los derechos humanos de las comunidades autóctonas, según ambientalistas.
“El que no tenga oro ahí no puede comprar prácticamente nada. Por tanto, o eres minero o mueres”, afirma el biólogo ambientalista Alejandro Álvarez Iragorry, coordinador de la ONG venezolana Clima21-Ambiente y Derechos Humanos. Es conocedor como pocos del problema, y agrega que inclusive se está poniendo en riesgo la cultura y autonomía de los indígenas. “Les están metiendo cajas CLAP (cesta de alimentos que subsidia el gobierno y entrega a discreción) y al dárselas están haciéndolos depender de la minería y también ocasionándoles daños metabólicos”.
Sin embargo, esta actividad ilegal adiciona otro riesgo. El periodista Bram Ebus, investigador de conflictos socio-ambientales en Latinoamérica, alerta sobre nuevas tensiones que pueden generar las alianzas de las mafias y guerrilla que coexisten en la zona. Ante esto, plantea abordar con urgencia el problema del medio ambiente y el de los grupos armados que actúan en la región convertida en zona militar.
“Las reservas minerales y los grupos armados no conocen fronteras internacionales, y la violencia minera y los conflictos por el acceso a las minas ya han causado fricciones en las fronteras con Colombia, Guyana y Brasil. No abordar el problema del medio ambiente y los grupos armados en el sur de Venezuela es garantizar grandes dolores de cabeza para toda la región en el futuro”.
Venezuela es uno de los nueve países que forman parte de la cuenca amazónica junto con Brasil, Colombia, Guyana, Guayana Francesa, Ecuador, Bolivia, Perú y Surinam. Y se concentra en los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
Minería ilegal y Arco Minero, fuera del mapa
Ante esto, especialistas reclaman un debate nacional e internacional.
Mientras la minería ilegal avanza, la explotación del oro es una de las actividades del Arco Minero del Orinoco. Fue creado por el régimen de Nicolás Maduro, en febrero de 2016, para contar con otra fuente de ingresos, distinta a la producción de petróleo, que desciende sin escrúpulos, en el occidente de Venezuela.
En sus casi 112.000 kilómetros cuadrados al sureste del país, que abarcan más de 12 por ciento del territorio, se atesoran reservas probadas calculadas en miles y millones de toneladas de oro, diamantes, hierro. Además bauxita, cobre, coltán, entre otros minerales.
Es un territorio sin control al que investigadores ambientalistas no tienen acceso. Allí la seguridad ambiental está fuera del mapa. Y también del político, según Ebus. Asegura que la conservación y el acceso a los ecosistemas son vitales para la estabilidad del país, y no se está viendo. Lo reclama en un trabajo con el título Por qué la seguridad ambiental es primordial para el futuro de Venezuela. Y cita el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Lograr la paz teniendo en cuenta los recursos naturales y el medio ambiente “ya no es una opción, es un imperativo de seguridad”.
En peligro el medio ambiente y los DDHH
Ebus, de nacionalidad holandesa, señala que el feroz daño ambiental que causa la minería ilegal, en el sur de Venezuela, y los conflictos por el acceso a la zona, “ya han desplazado a la población por la fuerza”. La crisis económica está llevando a más personas a movilizarse hacia esta región del Orinoco.
La minería también está dejando agujeros cada vez más grandes al lado del río y provocado la destrucción de la cuenca a todo lo largo de la Guayana. En casi toda la región se extiende la contaminación con mercurio”, asegura Álvarez Iragorry. Y destaca que toda la economía está basada en el oro, con consecuencias graves.
“Los indígenas están en su territorio natural pero están siendo explotados. En casos son esclavizados, manipulados y extorsionados, y se le imponen determinados territorios”. Las enfermedades, como el sarampión, acosan a estas etnias, como a los yanomami. Ya han cobrado vidas, mientras ponen en peligro a otras.
Así, las estrategias de supervivencia alternativas significan dos extremos mortales. O participan en las economías mineras ilegales, ante la aceptación del oro como opción al efectivo, o se unen a grupos armados no estatales que dirigen las regiones ricas en minerales, advierte Evan.
“Es una zona desasistida. Y su sistema inmunitario es sensible, pues están consumiendo alimentos del CLAP que no son parte de su comida natural”, según el ambientalista. En la región la supervivencia depende de las opciones que les dejan: o participan en las economías mineras ilegales o se unen a grupos armados organizados que mandan en la zona rica en minerales. “Los únicos que se enriquecen en esas zonas son las mafias”, señala.
Riesgo de conflicto, complejo tema político
Si bien Venezuela no está formalmente en guerra, la presencia de grupos armados venezolanos y extranjeros, y los frecuentes enfrentamientos violentos son una característica del sur. Con la tolerancia del régimen venezolano, afirma Ebus.
Esto se traduce en una pérdida de soberanía sobre vastas extensiones de territorio. Y actores violentos como los grupos delictivos locales llamados “sindicatos” han creado economías paralelas basadas en el oro, y convertidas en capital social y político. Lo han hecho junto con “elementos corruptos del Estado”, según el investigador.
Indica que las fuerzas de seguridad del Estado, fuertemente armadas y con sus rostros cubiertos, controlan los aeropuertos de la jungla y el acceso a minas ilegales en Amazonas y Bolívar. Y agrega que “grupos guerrilleros colombianos operan a veces codo a codo con el choque del ejército con los sindicatos mineros”.
Por eso las masacres, la tortura y el trabajo esclavo son comunes en las zonas mineras.
Llámalos guerrilleros, sindicatos, pranes o facciones corruptas del Ejército. Estos están allí para quedarse. Venezuela está comenzando a parecerse a la vecina Colombia. Un país donde el acaparamiento de tierras, la guerra rural y la explotación depredadora e ilícita de los recursos naturales (sea coca, minería ilegal de oro, agroindustrias) han sido característicos”.
Además, dice que los ingresos de la minería “proporcionan a las élites políticas una línea de vida financiera, de suma importancia para mantener el poder”.
Minería ilegal, complejo tema político
A pesar de esto, la seguridad ambiental y territorial del sur de Venezuela no se encuentra entre los puntos de negociación, suspendida desde agosto, entre representantes del régimen y oposición. “El medio ambiente ni siquiera estaba en la agenda”, resalta Ebus. Y los conflictos de recursos y la protección del patrimonio natural “son clave para lograr una solución política sostenible y desbloquear el futuro de Venezuela”.
Un aspecto que reconocen fuentes vinculadas a los grupos negociadores, aunque la oposición venezolana está consciente de la importancia del tema. “Hay muchos aspectos de primordial importancia, como ese, que deben ser atendidos con urgencia”. Cita la salud, la alimentación, la electricidad y el agua. Sin embargo, considera que la crisis generalizada no se puede resolver mientras el régimen siga en el poder. “El punto crucial es la restitución de la democracia”.
Ebus también plantea que la comunidad internacional interesada en la situación interna debe reconocer que Venezuela es no solo “campo de batalla político para los chavistas y la oposición”. “Es un país en el que los conflictos de recursos y los grupos armados son la norma en grandes extensiones del territorio nacional”.
Un reclamo que comparte Álvarez Iragorry, cuando procura responder por qué no ha habido gran movilización internacional, como lo hubo con la Amazonia de Brasil, para el caso de Venezuela.
“Hay una razón política. La mirada internacional no es objetiva. Está influenciada por los spokers y modelos de lo que es el enfoque binario: la creencia de que todo el mundo se divide en política de izquierda y de derecha, y no hay más nada”.
Cambio 16