Tucupita.- No nos sentimos satisfecho con los cargos imputados por la Fiscalía 7ª de Delta Amacuro al sargento de la GNB por los delitos de “homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles; uso indebido de arma orgánica, trato cruel, inhumano y degradante, todos con agravantes fundamentados en el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Así se expresó el diputado indígena Alexis Valenzuela. En todo caso, lo pertinente es solicitar la incorporación de un fiscal nacional con competencia en materia penal e indígena, para que se garantice una investigación exhaustiva y el debido proceso, para tal efecto nos dirigiremos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos para que la Fiscalía 91 forme parte de esta acción penal.
Esta fiscalía es para armonizar la jurisdicción indígena con la ordinaria, pero también va a perseguir los delitos en los cuales son víctimas los indígenas y los demás miembros de las comunidades originarias. El Ministerio Público tendrá un lapso de 30 días con prórroga de 15 días más para la presentación del acto conclusivo.
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