Dr. Abraham Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua
abrahamgom@gmail.com
En el litigio que sostenemos, desde hace más de un siglo, contra el imperio inglés, primero; y luego con su causahabiente en este asunto la República Cooperativa de Guyana, las posibles alternativas de soluciones han derivado hacia aristas escabrosas.
Los intentos para alcanzar un “arreglo satisfactorio y práctico” para ambos Estados no han materializado con la diligencia que quisiéramos en Venezuela. A pesar de los múltiples intentos. Aunque reconocemos que también hemos cometido desaciertos.
A qué altura se encuentra la contención, en estos momentos: nada más y nada menos que en la Corte Internacional de Justicia(CIJ); y este Alto Tribunal, en su orden del 19 de junio del presente año, ha determinado lo siguiente: Guyana, en su condición de la Parte demandante, tendrá hasta el 19 de noviembre de 2018 para consignar, formalmente, el escrito contentivo de sus posibles alegaciones; las cuales, por cierto, ya han sido asomadas en su Pretensión Procesal del 29 de marzo, donde le solicita al mencionado órgano jurisdiccional declare, constituya e imponga a la República Bolivariana de Venezuela una actuación de fondo conducente a observar un comportamiento jurídico que admita como cosa juzgada y ejecutoriada el írrito y nulo Laudo Arbitral de París de 1899.
Guyana solicita al Tribunal que confirme la validez legal y efecto vinculante del citado adefesio jurídico, con el cual nos arrebataron, de la manera más alevosa y vil, una séptima parte del territorio venezolano.
Aspira Guyana que la CIJ ratifique que tal tratativa, urdida para perjudicar a Venezuela, fue una “liquidación completa, perfecta y definitiva” de este asunto litigioso.
Guyana pretende que la Corte les declare el dominio soberano sobre la Guayana Esequiba; es decir sobre los 159.500 km2, denominada por nosotros: Zona en Reclamación, a partir del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; que ellos han irrespetado a diestra y siniestra.
Guyana pide a la Corte que Venezuela retire de la Isla de Anacoco los militares nuestros que han estado allí, luego de un hecho histórico suscitado el 12 de octubre de 1966; así además, demanda Guyana ante esa instancia sentenciadora que Venezuela se abstenga de amenazar o usar la fuerza contra cualquiera persona y/o empresa autorizada por esa excolonia británica para desarrollar actividades económicas o comerciales en el área controvertida.
A Venezuela la CIJ le fijó plazo hasta el 18 de abril de 2019, para que se haga representar por sus coagentes con la exclusiva misión de argumentar el Memorial de Contestación de la demanda incoada. El país debe concitar plena solidaridad patriótica y respaldo absoluto al equipo nuestro.
El gobierno guyanés ha realizado bastantes conciábulos con representantes diplomáticos de países que creíamos amigos, con la finalidad de procurarse solidaridades. De la Caricom y la Commonwealth han obtenido sendos pronunciamientos de apoyo.
Un hecho extraordinariamente significativo que debemos considerar es que el gobierno de David Granger y su canciller Greenidge le encomendaron la tarea a las empresas transnacionales (con intereses marcados en la Guayana Esequiba) Exxon, CGX, Shell, la china Cnooc, Anadarko etc. de recabar los recursos financieros, que sean necesarios, para cancelar los honorarios de los más prestigiosos abogados especialistas en Derecho Internacional Público.
Guyana, entonces, ha conformado el siguiente equipo que litigará en la CIJ: Sean D. Murphy (inglés), de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington y asesor jurídico de la embajada de EE.UU en La Haya; Paul Reichler (estadounidense) socio y codirector del Grupo de Litigación y Arbitraje Internacional de Foley Hoag; Payam Akhavam (Iraní) profesor en la Universidad McGill en Montreal, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y Shridath Ramphal ( guyanés), exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de ese país.
Ese equipo no nos atemoriza ni nos arredra; porque lo hemos dicho, en bastantes ocasiones, que nosotros estamos asistidos de plena razón y Justo Título traslativo; además poseemos enjundiosos elementos probatorios: históricos, jurídicos, cartográficos políticos, geográficos y morales.
Nuestra sugerencia – una vez más – a la cancillería venezolana: tenemos muy dignos y experimentados profesionales del Derecho; suficientemente conocedores de la controversia por la Guayana Esequiba, prestos a representar a Venezuela; entonces convoque y estructure nuestro equipo que el país quiere conocer.